Anulan condena a un rapero español por vulnerar su libertad de expresión

PL - En un fragmento de su fallo dado a conocer este martes, el TC dio la razón al rapero y consideró que la sentencia en su contra, emitida por el Tribunal Supremo (TS) en 2017, vulneró el derecho fundamental a la libertad de expresión.

La citada corte admitió ser consciente de "los aspectos reprobables de los tuits (...) en relación con la referencia al terrorismo como forma de acción política", pero tiene en cuenta el "imperativo constitucional de respeto a la libertad de expresión".

En los mensajes publicados en Twitter por los que fue acusado, Strawberry aludió, entre otras personas, al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, secuestrado durante 532 días entre 1996 y 1997 por el grupo armado vasco ETA.

"Habría que secuestrarle ahora", escribió César Augusto Montaña Lehman, conocido como César Strawberry, cantante del grupo Def con Dos.

"El fascismo sin complejos de Esperanza Aguirre me hace añorar hasta los GRAPO", dijo en otro de sus tuits, en alusión a la antigua dirigente del conservador Partido Popular y a ese grupo terrorista.

El músico fue absuelto primero por la Audiencia Nacional, pero el TS revocó la decisión y lo condenó al considerar que sus comentarios "alimentan el discurso del odio, legitiman el terrorismo como fórmula de solución de los conflictos sociales".

"España ha puesto fin a las persecuciones inquisitoriales arbitrarias e irregulares", subrayó el líder de Def con Dos en declaraciones a la agencia estatal de noticias EFE, tras conocer la decisión del Constitucional.

En esa línea reclamó la absolución de otros artistas en similar situación como Pablo Hasél, Willy Toledo o el también rapero Valtonyc.

Josep Miquel Arenas, conocido como Valtonyc, fue sentenciado el 22 de febrero de 2017 por la Audiencia Nacional española a tres años y medio de prisión por apología del terrorismo, injurias graves a la Corona y amenazas a políticos en las letras de sus composiciones.

Un año después, el polémico fallo fue ratificado por el Tribunal Supremo.

La sentencia desató un fuerte debate sobre el respeto a las libertades individuales en España, donde diversos dirigentes y organizaciones defensoras de los derechos humanos contrastaron la dureza de la sanción con la impunidad que disfrutan políticos corruptos.