El Juzgado de lo Social número 40 de Madrid ha desestimado la demanda presentada por el expresidente del Consejo de Dirección de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) Eduardo Bautista contra esta entidad por despido, por considerar que no es la jurisdicción competente para ello.
EFE - En una sentencia notificada este lunes, la titular del Juzgado, Yolanda Urban, establece, sin entrar en el fondo del pleito, que la relación entre la SGAE y Teddy Bautista era "simplemente" de naturaleza mercantil, por lo que absuelve a la entidad de la pretensión de su exdirectivo de ser indemnizado con 1.400.000 euros.
La demanda de Bautista se dirigía tanto a la SGAE como a la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE), Arteria Promociones Culturales S.L., la Fundación Autor, Portal Latino S.L. (actualmente Servicios Autorales S.L.) y el Centro para la Investigación de Mercado y la Cultura (CIMEC).
El pasado 24 de febrero, el Juzgado de lo Social celebró la vista por esta demanda, en la que la defensa de Bautista alegó que éste había renunciado a su cargo, pero no había dimitido, al contrario de lo que sostenía la SGAE, cuestión en la que no entra la sentencia.
Según la magistrada, "lo cierto es que no cabe hablar de relación laboral" entre Bautista y la entidad "pues no existía un poder orgánico de administración más amplio que el suyo" en la sociedad de gestión.
Por ello, acepta el argumento de la SGAE de la inexistencia de una relación laboral común, aunque Bautista desempeñara funciones de alta dirección y, por tanto, considera que la jurisdicción social no es la competente para resolver este asunto.
Bautista renunció a sus cargos tras ser detenido el 1 de julio dentro de la "operación Saga", en la que está imputado por apropiación indebida, administración fraudulenta y un delito societario por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.
El mismo Juzgado de lo Social número 40 de Madrid declaró procedente el pasado 28 de febrero el despido por parte de la SGAE de su exdirectivo José Luis Rodríguez Neri, también imputado por la Audiencia Nacional, y le denegó la indemnización de 1,2 millones de euros que reclamaba.
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