Ramoncín, imputado en la causa por las irregularidades de la SGAE

EP - En una providencia hecha pública este viernes, el instructor considera que 'Ramoncín' podría ser autor de los delitos de apropiación indebida y/o administración desleal así como falsedad documental.

La investigación parte de un informe de la Guardia Civil en el que se han analizado facturas por un importe de 170.552,56 euros que habrían sido emitidas por el denominado 'Rey del Pollo Frito' y su editora musical, Jupiter Music S.L., al grupo SGAE entre los años 2004 y 2012, y que no se corresponderían con bienes o servicios prestados.

Un programa y una herramienta informática

Entre las operaciones supuestamente irregulares que habría realizado 'Ramoncín' se encontrarían, según fuentes jurídicas, la factura correspondiente al programa de televisión 'El creador' que 'Ramoncín' cargó a la sociedad Portal Latino S.L., que se sospecha que no se llegó a emitir.

En la causa también constan correos electrónicos entre el cantante y el presunto cabecilla de la trama, el exdirector general de la Sociedad Digital de Autores de España (SDAE), José Luis Rodríguez Neri, de los que, según la Guardia Civil, se deduciría que fue este último quien asumió la decisión de pagar por el programa.

El juez instructor también sospecha de otra factura según la cual la empresa de 'Ramoncín' habría facilitado a la SGAE una herramienta informática denominada Caja Fuerte Virtual, de la que no consta contrato por parte de la gestora de derechos de propiedad y cuya existencia no ha podido ser acreditada por los investigadores.

Las citadas fuentes han añadido que 'Ramoncín', que había sido citado a declarar como testigo, finalmente comparecerá como imputado para que pueda acudir a la Audiencia Nacional en compañía de un abogado y garantizar de esta forma su derecho de defensa.

12 exdirigentes imputados

Los dos principales imputados en esta causa son el exdirector de la SDAE, filial digital de la SGAE, José Luis Rodríguez Neri, y el directivo de Microgénesis Rafael Ramos, que recuperaron la libertad en agosto y julio de 2011, respectivamente tras depositar sendas fianzas de 300.000 y 150.000 euros. El juez les atribuye los delitos de apropiación indebida y administración fraudulenta, a los que se suman un delito societario en el caso de Neri y otro de alzamiento de bienes en el de Ramos.

El procedimiento también se sigue contra Eduardo 'Teddy' Bautista, expresidente de la SGAE; Enrique Loras, exdirector general; Ricardo Azcoaga, exdirector financiero; Elena Vázquez, principal accionista de Microgénesis; y Celedonio Martín, director financiero de esta empresa.

También están imputadas tres familiares de Ramos —su esposa, María Antonia García Pombo; su cuñada, Pilar Eva García Pombo; y su hija, Sara Ramos Vázquez— y otros dos de Rodríguez Neri —su hermana, Juana Cristina Rodríguez Neri; y su hija, Leticia Rodríguez Álvarez—.

Según la investigación de Ruz, Bautista "autorizó, consintió e impulsó" la trama defraudatoria desarticulada en la conocida como 'operación Saga', que había sido ideada por Rodríguez Neri. En el fruto de esta actividad presuntamente fraudulenta, la SGAE invirtió "importantes sumas de dinero sin obtener a cambio la esperada rentabilidad para sus socios" a través de una red de empresas vinculadas a la sociedad digital, entre ellas la mercantil Microgénesis, que controlaba el propio Rodríguez Neri.