La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) aplaudió hoy la decisión de la justicia de Bélgica de aplazar la eventual extradición a España del rapero Valtònyc.
![]() Valtònyc, el pasado 5 de julio, en la rueda de prensa que desde su exilio en Bruselas (Bélgica).
© AFP|Aris Oikonomou
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PL - En un comunicado, la PDLI calificó de buena noticia y de paso importante para la libertad de expresión que un juez de la ciudad belga de Gante retrasara hasta el 3 de septiembre la posible entrega del músico, a la espera de las alegaciones por escrito de la Fiscalía.
Esta decisión supone que no habrá una entrega inmediata a España tras la vista celebrada este martes en Gante en presencia de Josep Miquel Arenas, conocido como Valtònyc.
El cantante y compositor de Palma de Mallorca fue sentenciado el 22 de febrero de 2017 por la Audiencia Nacional a tres años y medio de prisión por apología del terrorismo, injurias graves a la Corona y amenazas a políticos en las letras de sus composiciones.
El polémico fallo fue ratificado en febrero último por el Tribunal Supremo (TS) español.
"La PDLI coincide con los argumentos de la defensa del rapero al destacar que el caso es una cuestión de libertad de expresión y no de terrorismo", señaló la asociación, integrada por organizaciones y personas del ámbito jurídico, del periodismo y de los movimientos sociales.
La plataforma criticó que la sentencia que condenó a Valtònyc "se limitase a valorar la literalidad de sus letras, sin entrar a considerar ni el contexto artístico de los mensajes, ni la intencionalidad, ni la relación con actividades efectivamente terroristas".
A su juicio, esto es "contrario de lo que exige la doctrina internacional sobre Derechos Humanos cuando se trata de restricciones a la libertad de expresión".
En su veredicto de hace seis meses, el TS rechazó los argumentos del acusado, que aludió a la libertad de expresión y a la creación artística, y subrayó que el lenguaje del rap es extremo, provocador, alegórico y simbólico.
Sin embargo, el alto tribunal desestimó sus explicaciones y avaló la resolución judicial al constatar "la gravedad de las expresiones contenidas y su correcto encaje en los tipos penales de referencia".
Estimó que las canciones escritas por Arenas y publicadas en Internet incluían mensajes de apoyo al grupo armado vasco ETA, así como ofensas a la monarquía o intimidaciones contra políticos de las islas Baleares, de donde es oriundo el artista.
El fallo desató un fuerte debate sobre el respeto a las libertades individuales en España, donde diversos dirigentes y organizaciones defensoras de los derechos humanos contrastaron la dureza de la sanción con la impunidad que disfrutan políticos corruptos.
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