Según el auto del juez la trama fraudulenta de la SGAE fue «consentida» por Teddy Bautista

Pablo Ruz indica, en un auto hecho público esta noche, que fruto de esta actividad fraudulenta, canalizada a través de la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE), la SGAE invirtió "importantes sumas de dinero sin obtener a cambio la esperada rentabilidad para sus socios" a través de una red de empresas vinculadas a la sociedad digital, entre ellas la mercantil Microgénesis, controlada por el propio Rodríguez Neri.

De hecho, Rodríguez Neri simultaneó su actividad en la SDAE y en Microgénesis (beneficiaria de los contratos que la primera le atribuía) llegando incluso a mantener activa una tarjeta con cargo a la mercantil más de dos años después de desvincularse de ella. En la empresa, el alto cargo de la división digital de la sociedad de gestión había situado a distintos miembros de su familia, entre ellos su pareja María Antonia García Pombo y la hermana de esta, Eva, ahora imputadas, y a su hija.

En esta "trama parasitaria" han resultado beneficiadas con una facturación preferente distintas empresas vinculadas a los imputados con Microgénesis "en la cúspide". La mercantil llevó a ingresar 26,4 millones de euros procedentes de la SGAE entre 2003 y 2007.

Las actividades de Neri provocaron que la SDAE diera pérdidas desde su creación. Este agujero condujo, según el auto, al intento de la cúpula directiva de la SGAE —el propio Bautista junto al director general Enrique Loras y el económico Ricardo Azcoaga— de disolver y absorber a la SDAE en un proceso cargado de "celeridad y opacidad".

El conocimiento de Bautista de la trama es para el juez evidente. Como ejemplo, Ruz especifica que el presidente de la SGAE "conocía y permitía" que Rodríguez Neri recibiera un "sueldo encubierto" de 313.000 euros brutos pagado por una de las sociedades que prestaban servicios para Microgénesis. De este modo, el director de SDAE llegó a recaudar 1.227.852 euros.

Proceso electoral

El juez se refiere también al proceso de renovación de cargos de la Junta Directiva de la SGAE y asegura que Rodríguez Neri pudo "vulnerar la imparcialidad debida" impulsando la candidatura "continuista" con la actual dirección y poniendo trabas a la candidatura crítica con el equipo directivo actual.

Con estos argumentos, Ruz ha enviado a prisión eludible con una fianza de 300.000 euros a Rodríguez Neri y ha impuesto al actual socio director de Microgenésis, Rafael Ramos, una fianza de 150.000 euros.

El magistrado ha dejado sin embargo libres a su esposa María Antonia García Pombo y la hermana de ésta, Eva, después de interrogar durante la jornada de este lunes a estos cuatro últimos detenidos en la conocida como 'operación Saga'. Acusa a todos ellos de la comisión de delitos de apropiación indebida, administración fraudulenta y delito societario en el caso de Neri y de alzamiento de bienes en el caso de Ramos.

Rodríguez Neri, pieza fundamental de la causa y primero en declarar, ha respondido a las preguntas del juez y del fiscal José Miguel Alonso durante cuatro horas y media. Después ha sido el turno del director de Microgénesis, Ramos, que ha declarado por espacio de tres horas. Las hermanas García Pombo fueron interrogadas en último lugar durante poco más de una hora.

Esta decisión se produce después de que el magistrado decretara el lunes la puesta en libertad, en este caso sin fianza para el presidente ejecutivo de la Sociedad Española de Autores y Editores (SGAE), Teddy Bautista, y los otros dos directivos de la entidad de gestión: el director general Enrique Loras, el director económico y financiero, Ricardo Azcoaga, y dos altos cargos de Microgénesis S.A.: la principal accionista de la empresa Elena Vázquez y el director financiero Celedonio Martín.

El magistrado imputa a todos ellos delitos continuados de apropiación indebida que califica como "de especial gravedad atendido el valor de la defraudación" (penado con hasta seis años de prisión) y administración fraudulenta (hasta cuatro años de cárcel).

Además, en el caso de Bautista, Ruz le acusa de la comisión de un delito societario a causa de la "negativa o impedimento" a los socios del ejercicio de los derechos de información y participación. Contra Elena Vázquez pesa también una imputación por alzamiento de bienes.

El juez impuso como medidas cautelares la prohibición de abandonar el territorio español y la obligatoriedad de fijar un domicilio donde puedan ser localizados. A la vista de las circunstancias de "especial arraigo en España" de los directivos de la SGAE y de Microgénesis, no consideró que exista probabilidad de fuga.